Notas Periodísticas, Nueva Era. Edición CMLXVIII.
Guatemala, lunes, 3 de mayo de 2021. Por: Julio Trejo Pineda. 20:00 UTC -06:00.
El Observatorio de los Periodistas de la Asociación de Periodistas de Guatemala, APG, registró 39 ataques en el primer trimestre de 2021.
Según el comunicado publicado hoy, continúan las insensatas acciones y ataques a Periodistas.
El Comunicado:
Los periodistas en Guatemala continúan afrontando enormes dificultades y riesgos para realizar libremente su labor.
Éstas se manifiestan en actos intimidatorios, agresiones físicas y hasta ataques armados que le han costado la vida a colegas.
En Guatemala se ha vivido un período violento y restrictivo para los comunicadores, pues sólo en 2020, el Observatorio de los Periodistas de la Asociación de Periodistas de Guatemala, APG, registró 149 ataques.
Esta tendencia continuó en los primeros 3 meses de 2021, periodo en el que se reportaron 39 ataques y restricciones de distinto tipo, un aumento de casi el 100 por ciento en relación con el mismo periodo del pasado año, en el que únicamente se habían registrado 21 casos.
Durante este primer trimestre el Observatorio de los Periodistas de la APG destaca dos patrones muy marcados: las incesantes acciones para limitar el acceso a información o actividades públicas; y los ataques a periodistas y censura desde las redes sociales y plataformas digitales.
Aunque la mayoría de medidas restrictivas relacionadas a la pandemia se levantaron, el gobierno central y los gobiernos locales continuaron utilizando argucias para vedar el acceso a reuniones o actividades públicas y limitar la posibilidad de que los reporteros pudieran abordar a los funcionarios.
La APG recibió denuncias por este tipo de prácticas en la cabecera de Quetzaltenango; la municipalidad de Santa Lucía Cotzumalguapa, Escuintla; en San Felipe, Retalhuleu; en la Gobernación Departamental de Jutiapa y en la Presidencia, en al menos dos oportunidades.
Esta problemática estructural trasciende a los cambios de administración municipal y mientras no existan sanciones o responsabilidades penales por estas prácticas violatorias a la libertad de expresión y derecho al acceso a la información, los alcaldes y demás funcionarios locales continuarán limitando, antojadizamente, la labor de los reporteros.
Ciertas prácticas empleadas por autoridades locales durante esta administración (como limitar la participación en los grupos institucionales de mensajería) se emularon y replicaron rápidamente gracias a las acciones que anteriormente había hecho el gobierno central.
El gobierno de Alejandro Giammattei, lejos de apostar por la transparencia de sus actos, mantiene un compromiso férreo con la opacidad y su responsabilidad en los agravios en contra de periodistas no se limitó a impedir el ingreso a ciertas actividades oficiales, sino también a los actos violentos en los que incurrieron fuerzas de seguridad y empleados de la Presidencia.
Durante el primer trimestre de este año, el Observatorio de los Periodistas registró por lo menos 3 actos de acoso de la PNC en contra de reporteros.
En dos casos más, empleados de la presidencia incurrieron en actos de violencia física contra periodistas, durante el desarrollo de actividades oficiales.
Uno de estos hechos ocurrió en Santa Cruz del Quiché, cuando un empleado, que no se logró determinar si pertenecía o no a la seguridad presidencial, agredió al corresponsal de Prensa Libre, Héctor Cordero.
En un acto similar, durante los inicios de las actividades por el Bicentenario, un miembro de la SAAS golpeó a un reportero.
Aunque la presidencia buscó desligarse de estos actos, no es la primera vez que miembros de la SAAS atacan a periodistas.
Desde el gobierno central no exista una postura clara y fuerte de condena hacia las distintas violaciones que constantemente padecen periodistas y medios de comunicación, sino, por el contrario, existe un silencio total de la Secretaría de Comunicación Social de la Presidencia cuando se le cuestiona sobre las múltiples críticas, provenientes de organizaciones nacionales e internacionales, sobre el hostigamiento que realizan a los comunicadores.
Giammattei tampoco tomó ninguna acción para relevar a su Ministro de Gobernación, Gendri Reyes, responsable de numerosas violaciones a los derechos humanos durante las jornadas de protesta del 21 y 28 de noviembre del año pasado.
El presidente y sus aliados en el Congreso siguen utilizando mensajes descalificadores para arremeter contra la prensa.
Ante la imposibilidad de dilucidar las críticas y señalamientos en su contra, estos funcionarios optan por la descalificación y el ataque.
Las redes sociales y las plataformas en Internet fueron espacios utilizados para ataques contra periodistas y solo en este periodo se dieron al menos 6 casos de campañas de desprestigio.
Aunque la mayoría de hechos se originaban por cuentas falsas, especialmente en Twitter, estas campañas han sido replicadas rápidamente por usuarios que denostaban la credibilidad e imagen de los periodistas.
Las principales víctimas de estos ataques eran periodistas que criticaban o participaban en investigaciones que aludían a Giammattei y sus allegados.
Casualmente, algunas de estas cuentas falsas emplean términos similares a los que utilizó Giammattei para atacar a sus críticos y las mismas divulgan publicaciones de los canales oficiales de gobierno.
La conformación de la nueva Corte de Constitucionalidad (CC) y la aplazada elección de magistrados a la Corte Suprema de Justicia y Cortes de Apelaciones también supondrían un riesgo para la libertad de expresión o se procure impunidad en actos en contra de periodistas.
Con magistrados serviles y que respondan a los intereses de Giamattei y actores políticos, no extrañaría que sentencias que se alcancen en primera instancia contra responsables de crímenes o delitos contra periodistas (como el caso del ex congresista Julio Juárez, acusado por el asesinato de dos periodistas en 2015) puedan anularse o se aprueben de forma expedita leyes que criminalicen la libertad de expresión o las manifestaciones ciudadanas, como intentó hacerlo la anterior legislatura en dos oportunidades.
En 15 meses del gobierno de Alejandro Giammattei, el Observatorio de los Periodistas ha registrado 188 casos de violencia o restricciones contra periodistas y medios de comunicación, 149 casos en 2020 (todos reportados después del 14 de enero) y 39 en el primer trimestre de 2021.
Si esta tendencia continúa, posiblemente los actos de agresión de este año superen las cifras de 2020.
Pese a que faltan más de 2 años para que culmine su gestión, podemos afirmar desde ya que la presidencia de Alejandro Giammattei será el periodo de gobierno en el que más ataques contra periodistas se hayan reportado y denunciado.
Guatemala, 3 de mayo de 2021.
enp.jtp. Actualización reciente: Martes, 4 de mayo de 2021. 05:00. UTC – 06:00.