Censores de Libertad de Expresión y asesinos de Periodistas no deben ser protegidos por la impunidad

Notas Periodísticas, Nueva Era. Edición DCCLXXXVIII.

Guatemala, lunes,  3 de febrero de 2020. Por: Julio Trejo Pineda. 14:00. UTC -06:00.

“Es inadmisible que censores de la libertad de expresión y asesinos de periodistas continúen protegidos por el manto de impunidad.”

Así lo expresa la APG en parte de su comunicado siguiente:

La Asociación de Periodistas de Guatemala APG y su Comisión de Libertad de Prensa expresan su preocupación por la dudosa resolución emitida por el juez Lesther Castellanos Rodas, del Juzgado de Mayor Riesgo de Quetzaltenango, con la que benefició a Gilmar Alfonso Gramajo, acusado por el asesinato de Lindaura Aceituno, hija del periodista Alfredo Aceituno, y quien se sospecha podría tener relación también con el asesinato del periodista. El juez Castellanos Rodas, que favoreció al señalado de asesinato, participa actualmente para ocupar una magistratura en las Cortes de Apelaciones.

Durante la audiencia de fase intermedia, celebrada el lunes 20 de enero, el juez dictó sobreseimiento del caso argumentando que las declaraciones en anticipo de prueba de la hija de Lindaura, una menor de edad que presenció el crimen, no tenían suficiente valor probatorio. Castellanos argumentó además que el INACIF no había presentado a tiempo los análisis balísticos del caso y solo podían hacerlo durante la audiencia de etapa intermedia

En este último punto, la Fiscalía de Delitos contra Periodistas recordó que la Corte Suprema de Justicia (CSJ) ha indicado que este tipo de elementos probatorios pueden presentarse hasta la fase de ofrecimiento de pruebas, por lo que la fundamentación del juez pareciera más encaminada a favorecer al presunto responsable del crimen que a resolver el caso con base a derecho. Con esta resolución, Castellanos no solo detuvo el proceso en contra de Gramajo, sino que además obstaculiza cualquier futura investigación en contra de sus cómplices y del autor intelectual.

Lindaura Aceituno fue asesinada el 2 de agosto de 2016 en Coatepeque, cuando se conducía en su automóvil con sus dos hijos, un niño de siete años y una niña de 12. Lindaura fue acribillada unas semanas después que su padre, el periodista Álvaro Alfredo Aceituno, fuera asesinado el 25 de junio en ese mismo municipio.

Después del asesinato de padre e hija, el resto de familia salió del país exiliada hacia Estados Unidos. En octubre del año pasado, la hija de Lindaura brindó su declaración por videoconferencia, en la que dio detalles del asesinato de su madre y reconoció a Gramajo como el responsable de perpetrar el ataque. En esa oportunidad, la familia Aceituno también brindó su declaración y responsabilizó al alcalde de Coatepeque, Alfonso García-Junco, como autor intelectual de ambos crímenes.

Para la APG es inadmisible que los censores de la libertad de expresión y asesinos de periodistas continúen protegidos por el manto de impunidad que les proveen impresentables operadores de justicia, como en el caso del juez Castellanos. Resulta aún más inaceptable que individuos como Castellanos pretendan ocupar importantes puestos dentro del Organismo Judicial (OJ), desde donde continuarían obstaculizando el acceso a la justicia y beneficiando a estructuras criminales.

Este no es el único proceso polémico en el que se ha involucrado el Juzgado de Mayor Riesgo de Quetzaltenango ni a Castellanos. En enero de 2018, la CICIG presentó una solicitud de antejuicio en contra del juez por aparentemente haber brindado información que se encontraba bajo reserva.

Más recientemente, el 29 de enero, el suplente de Castellanos, el juez Hugo Escalante, clausuró el proceso penal en contra del exalcalde de Quetzaltenango, Jorge Barrientos, quien ocupó la silla edil por 12 años; parte de sus funcionarios y empresarios, fueron acusados por contratos fraudulentos por más de 20 millones de quetzales.

Durante la investigación de los asesinatos de Lindaura y Álvaro Aceituno, investigadores de Gobernación y del Ministerio Público (MP) han recibido amenazas de muerte y seguimiento, mientras realizaban diligencias en Quetzaltenango. A inicios de enero, cuando el fiscal del caso se encontraba en una de las audiencias, su seguridad y el vehículo en el que se movilizaban fue objeto de persecución. Posteriormente, el 20 de enero, uno de los investigadores del DEIC que acompaña el proceso recibió amenazas de muerte, en las que le advirtieron que lo asesinarían a él y a su compañero por su participación en la investigación.

Ante esto, la APG solicita tanto al Ministerio de Gobernación como al MP que brinden las medidas de protección pertinentes para resguardar la integridad de los investigadores y fiscales que participan en este proceso. Esto es fundamental para garantizar la vida de estos operadores de justicia para que este caso se desarrolle con normalidad y pueda alcanzarse justicia para la familia Aceituno. De igual manera, espera que la apelación planteada ante la antojadiza resolución del juez Castellanos sea resuelta con lugar y pueda iniciarse el debate en contra Gramajo.

Comunicado 02-02-2020 Guatemala, 3 de febrero de 2020.

Mensaje recibido.

Eileen Rivera (APG – IPSP:): Gracias, Julito. saludos.

enp.jtp. Actualización reciente: Martes, 4 de febrero de 2020. 08:15. UTC -06:00.