Vuelve tenebroso espionaje del Gobierno a la Prensa de Guatemala

Notas periodísticas, Nueva Era, edición DCXCCIII

Guatemala, miércoles, 8 de agosto de 2018. Por Julio Trejo Pineda. 13:15. UTC – 06:00.

La Asociación de Periodistas de Guatemala y la Comisión de Libertad de Prensa de la APG comunicaron que contra “…periodistas y medios de comunicación críticos de su corrupta administración (…) Las técnicas de seguimiento y espionaje hacia actores de sociedad civil, incluidos periodistas… ahora parecen volver tenebrosamente.”

Exige, no pide.

“La APG exige al Ministerio Público, MP, que investigue y procese a los responsables de este espionaje (…) , desde el entonces Ministro de Gobernación, Mauricio López Bonilla, hasta los agentes de menor rango.

 “Exige al presidente Jimmy Morales y al actual responsable de la cartera del interior, Enrique Degenhart, que se abstengan de realizar cualquier acción que comprometa la seguridad y la privacidad de los periodistas. “

La Asociación de Periodistas de Guatemala, APG, y su Comisión de Libertad de Prensa manifiestan su enérgica condena y rechazo a las acciones de espionaje realizada por el gobierno del Partido Patriota a periodistas y medios de comunicación críticos de su corrupta administración.

La investigación, revelada esta semana, reafirma las denuncias realizadas por actores sociales sobre la interceptación de comunicaciones y escuchas ilegales realizadas dentro del Ministerio de Gobernación, la Policía Nacional Civil, PNC, y la Dirección General de Inteligencia Civil.

Felipe Valenzuela, director de Emisoras Unidas, y José Rubén Zamora, presidente de elPeriódico, forman parte de las personas vigiladas por el gobierno, de acuerdo a lo denunciado por Nuestro Diario.

También los medios Soy 502, Sitios Web, Guatevisión, Juan Luis 12Font y Nómada.

Las acciones por parte del gobierno de Otto Pérez Molina y Roxana Baldetti no se limitaron a vigilar las comunicaciones y movimientos de periodistas; al contrario, se extendieron al intento de bloqueo y ataques a páginas digitales de distintos medios de comunicación con el objetivo que no se difundiera información sobre funcionarios corruptos.

Ataques a sitios web, campañas de desprestigio en redes sociales, clonación de páginas de medios con información falsa (sic) fueron parte de las represalias utilizadas en contra de la Prensa durante la crisis que depuso al gobierno del PP en 2015, como lo denunció en su momento esta Comisión.

Las técnicas de seguimiento y espionaje hacia actores de sociedad civil, incluidos periodistas, son propias de regímenes totalitarios e intolerantes a las críticas hacia sus funcionarios, como los gobiernos militares que por décadas causaron el asesinato y exilio de ilustres plumas y voces del periodismo guatemalteco, y que ahora parecen volver tenebrosamente.

Estas acciones no sólo provocan zozobra en las personas afectadas y alerta en la sociedad civil si no demuestran, una vez más, la vulnerabilidad en la que se encuentran los periodistas que deciden alzar su voz para informar sobre los actos ilícitos en los que incurren los gobernantes de turno.

La APG exige al Ministerio Público, MP, que investigue y procese a los responsables de este espionaje, desde el entonces Ministro de Gobernación, Mauricio López Bonilla, hasta los agentes de menor rango.

Exige al presidente Jimmy Morales y al actual responsable de la cartera del interior, Enrique Degenhart, que se abstengan de realizar cualquier acción que comprometa la seguridad y la privacidad de los periodistas.

La APG denuncia públicamente las acciones obscuras del Ministro de Gobernación que buscan debilitar y socavar la Instancia de Análisis de Ataques a Defensores de Derechos Humanos, que funciona en esa cartera, además de desoír los reclamos de las organizaciones que participan en ese espacio.

La APG espera que la Estrategia Nacional de Seguridad, anunciada en junio por el mandatario, no sea una excusa para vigilar y perseguir a los periodistas, columnistas y ciudadanos que emiten opiniones en redes sociales o páginas web en contra del actual gobierno.

Comunicado No.27-8-2018. Guatemala, 07 de agosto 2018.