Notas Periodísticas, Nueva Era. Edición CDXXXIX
Guatemala, lunes, 9 de noviembre de 2015. Por Julio Trejo Pineda. 05:00 UTC -06:00.
El domingo 22 de noviembre de 2015 el Instituto de Previsión Social de Periodista, IPSP, cumple 25 años de su creación.
La historia nos recuerda que el 22 de noviembre de 1990, en el Diario de Centro América, fue publicado el Decreto No. 56-90 del Congreso de la República de Guatemala, que dio por asentada la fecha de creación del IPSP.
Este Decreto, divulgado en el Tomo CCXI, número 13, fue reformado por el Decreto 13-92 publicado el 10 de abril de 1992, Tomo CCXLIII, número 65 y por el Decreto 7-94, 11 de marzo de 1994, Tomo CCXLVIII, número 47.
En primera fila.
El logotipo del IPSP es creación de Velvet Carolina Cárdenas De León, ganadora del concurso abierto convocado en el primer semestre de 1995 por el Consejo Directivo del período 1994-1996.
La Revista “Año 3 Guatemala, Noviembre-Diciembre 2006” cita que “En noviembre de ese año (1995) se hizo la adjudicación, otorgándose el primer lugar al trabajo calzado con el pseudónimo Vevet.” Agrega que “El segundo lo obtuvo García Luna Contreras y el tercero, Jaime de Jesús Ramírez Urbina, siendo entregado los premios el 16 de diciembre de 1995…”
Indica que se determinó la adjudicación del primer lugar por “La representación, en primera fila, de los periodistas con la pluma que identifica al medio, y atrás, la familia. Se encontró que el trabajo dentro de la sencillez que lo caracteriza destaca el significado que tiene el logotipo.”
“Breves apuntes.”
“La mayor conquista que para el gremio nos dejó el siglo XX” es el título del artículo escrito por Jesús María Alvarado Mendizábal (Afilado 1 del IPSP), publicado en 2005, Revista No 2 del IPSP en su XV año de fundación.
Alvarado Mendizábal expresa, casi al finalizar, que su escrito es “… en términos muy generales, un relato de la fundación del Instituto de Previsión Social del Periodista, IPSP.” Son “… breves apuntes.. ” dice.
Helos, entonces, aquí:
Fragmento de un relato histórico
EL INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL DEL PERIODISTA
La mayor conquista que para el gremio nos dejó el siglo XX
Jesús Alvarado Mendizábal *
Cumplir lo que me asignó el Consejo Directivo (cómo fue concebida la creación del Instituto de Previsión Social del Periodista, IPSP), no es tarea sencilla. Varios factores intervinieron para lograr la mayor conquista para el gremio periodístico (y no del gremio porque como tal hizo poco) que nos dejó el siglo XX.
Hay hechos no directamente vinculados a la fundación del IPSP, que reflejan la preocupación de quienes durante muchos años de nuestra vida productiva tuvimos el periodismo como principal fuente de ingreso y de trabajo.
Antecedentes históricos
Cuando en 1943 llegué a trabajar al periódico El Liberal Progresista, si un periodista enfermaba y acudía al médico, la consulta costaba de cincuenta centavos a un quetzal. Sólo los especialistas (eran muy pocos) cobraban hasta cinco quetzales. Parece poco, pero para nosotros era mucho por el sueldo que nos pagaban. El mío era de Q 7.50 a la semana si el mes tenía cuatro sábados, y de Q 6.00 si era de cinco sábados. Si la enfermedad se prolongaba, sólo quedaba el Hospital General, porque el asalariado no tenía ninguna prestación. Al surgir el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social en 1947 durante el Gobierno del Dr. Juan José Arévalo, en la primavera revolucionaria, únicamente atendían casos de accidentes de trabajo.
Con la Revolución del 20 de octubre de 1944 surgieron más medios de comunicación social. Se desarrolló el radio periodismo y como siempre, por los bajos salarios, el periodista se vio obligado a trabajar no en uno sino en varios medios, generalmente uno impreso y por lo menos otro radial, o bien varios radiales.
La falta de protección social para los periodistas indujo a que cuando en 1947 fue fundada la Asociación de Periodistas de Guatemala, APG, en sus estatutos (Título VII) se dejó previsto crear los auxilios por enfermedad, cesantía, invalidez y por fallecimiento. Debía constituirse un fondo con el 40 por ciento de las cuotas, más el importe de los llamamientos. Un reglamento aprobado por la Asamblea General, debería disponer lo relativo a la cuantía y forma de los auxilios.
Esa disposición se materializó casi seis años después cuando, expresa el artículo primero del reglamento, “con el objeto de fomentar la solidaridad gremial”, la Asamblea General aprobó el Reglamento de Auxilio del Periodista del que fueron ponentes Humberto C. Madariaga y Pedro Julio García, ya fallecidos. Se inició con un mil quinientos quetzales más el 40% de las cuotas ordinarias y el producto de los llamamientos que, sin embargo, no podían ser mayores del 5% del sueldo o salario que devengaba el asociado, que era muy bajo, por lo que no todos pagaban puntualmente sus cuotas y llamamientos.
El plan funcionó con dificultad y muchas limitaciones, pero benefició a no pocos asociados. Se adquiría el derecho a los auxilios, desde el momento que el asociado cubría “la cuota de ingreso y la primera cuota ordinaria” (artículo 6º del primer reglamento). No estaba permitido que la ayuda fuera mayor del diez por ciento del Fondo de Auxilio.
Las cantidades que cubrían los auxilios eran: por enfermedad grave, el 50% de los gastos de tratamiento y curación. Por cesantía, el 50% del sueldo que el periodista devengaba hasta por dos meses consecutivos, siempre que la falta de empleo persistiera y que el despido no se reputara justo conforme el Código de Trabajo. El máximo que se otorgaba eran Q 100.00. Por “invalidez temporal o definitiva” de Q 50.00 a Q 100.00 quetzales mensuales hasta por seis meses. Como no estaba permitido que la ayuda fuera mayor del diez por ciento del Fondo de Auxilio, pocas veces pudo cumplir su cometido. Por fallecimiento, sólo en casos excepcionales llegó a Q 200.00.
Cuando por primera vez ocupé el honroso cargo de Presidente de la APG en 1983, me propuse reformar el Reglamento de Auxilio, lo cual se logró en la sesión del 12 de octubre de ese año, cuando la Asamblea General aprobó el proyecto presentado que fijó nuevas cantidades para aquellos auxilios, elevándose por fallecimiento a un mil quetzales.
La idea del IPSP
En una reunión de la Federación Iberoamericana de Asociaciones de Periodistas, FIAP, conocí a Adán Elvir Flores, entonces Presidente del Colegio de Periodistas de Honduras. Me habló de las bondades del Instituto de Previsión Social que tenían en su país para los periodistas colegiados y cómo era su financiamiento. A partir de entonces no me abandonó la idea de lograr algo similar para mi gremio, ya no sólo para los miembros de mi entidad, sino controlado por el Colegio de Periodistas cuando fuera creado y mientras tanto, que la APG estructurara y organizara el Instituto.
En 1982, el también asociado a la APG, Álvaro Enrique Palma Sandoval, propuso a la Junta Directiva un proyecto de Plan de Prestaciones con financiamiento estatal del 0.25 por ciento de los impuestos sobre licores y otras bebidas alcohólicas y fermentadas y la elaboración de cigarrillos. Palma Sandoval presentó otros proyectos a varias Juntas Directivas (algunos llegaron al Congreso de la República), pero no fructificaron. En 1987 y 1988, infructuosamente, hice lo propio ante los Presidentes de la APG, Álvaro Contreras Vélez y Héctor Cifuentes Aguirre.
Una versión de Álvaro Enrique Palma establecía las prestaciones de Jubilación, Pensiones, montepíos, enfermedad, desempleo y fallecimiento. En jubilación fijaba del 60 al 80 por ciento del salario devengado, para periodistas con 60 o más años de edad y entre 15 y 35 años de actividad periodística. Quienes tuvieran 50 o más años de edad y de 15 a 35 años de ejercicio del periodismo, el 50 al 70 por ciento del salario devengado.
Adversé que la fuente de financiamiento fuera del sector público, porque por experiencia sabía que el Gobierno de turno trasladaba con irregularidad las asignaciones (ignoro si aún lo hace así) y no deseaba que el plan estuviera supeditado al Estado. Además, consideraba absurdo que los fondos provinieran del impuesto a alcoholes y cigarrillos porque los ingresos debían obtenerse del campo en donde el periodista desarrolla su actividad. No me parecía correcto que procedieran de la venta de productos que dan lugar a vicios que tanto daño hacen a la sociedad y en especial a la juventud. Estaba convencido que el Estado no iba a distraer sus recursos financieros en un plan de tal naturaleza,
En 1985, en la presidencia de la APG del Lic. David Vela, con Carmen Escribano de De León impulsamos la petición cuando estaba por finalizar su mandato como Jefe de Estado el General Oscar Humberto Mejía Víctores, para que emitiera un Decreto-Ley creando el Instituto, pero no hubo eco. Se presentó el proyecto de Decreto y su reglamento, pero el Jefe de Estado dijo que si su Secretario de Relaciones Públicas opinaba favorablemente, lo apoyaría. Eso no se logró.
En 1988, durante la presidencia de Héctor Cifuentes Aguirre, me nombró para que asistiera a una reunión de periodistas en Tegucigalpa, con el encargo específico de obtener información sobre la organización y funcionamiento del Instituto en ese país. Fue en esa ocasión, que logré mayor conocimiento a efecto de contar con bases sólidas para planificar el trabajo en Guatemala.
La meta de una elección
Con la mente fija en la idea del Instituto, participé en la elección de Junta Directiva de la APG. Al ganar la Presidencia para el período 1989-1990, mi empeño fue dar forma al anteproyecto destinado a crear el Instituto de Previsión Social del Periodista, que estaba incluido como punto primario en mi plataforma de trabajo. El documento aludía a dos objetivos muy concretos: 1) Auxiliar a venerables hombres de prensa como Fernando Molina Nannini, Humberto C. Madariaga, Ángel Ramírez, David Vela, León Aguilera, Arturo Guevara Paniagua, Oscar Luna Molina, Juan O. Rivera y muchos más, para que con menos aflicciones económicas hicieran frente a la tercera edad. 2) Crear una institución que protegiera a todos los periodistas, incluso de las generaciones que no habían nacido y a sus familias, de manera especial, esposa (o) e hijos.
El 25 de septiembre de 1989 presenté a la Junta Directiva el anteproyecto de Decreto y la exposición de motivos que cuidadosamente preparé. Me acompañaban los apegistas Mario René Chávez, Julio Edgar García (el único que no era de mi planilla), Joaquín Medina Bermejo, Carlos García Urrea, Eileen Verónica Rivera M., José Luis Villatoro (+) y Francisco Villatoro Argueta. Todos, excepto uno de mi planilla, respaldaron la iniciativa y asistieron a las sesiones en las que fueron discutidos los 65 artículos. Mi reconocimiento personal para ellos, con quienes compartimos discusiones y trabajo. Fue aprobado el texto en su totalidad y en la sesión de octubre de ese año lo informé a la Asamblea General, que no objetó nada.
El 29 de noviembre, en el desayuno que el entonces Presidente de la República Licenciado Marco Vinicio Cerezo Arévalo ofreció a dirigentes de las entidades de Prensa con ocasión del Día del Periodista, le di al Lic. Cerezo un original del anteproyecto de Decreto y de la exposición de motivos, que ese mismo día entregamos a quien a la sazón era Presidente del Congreso de la República, diputado José Fernando Lobo Dubón y al también diputado en ese tiempo Víctor Hugo Godoy, Presidente de la Comisión de Trabajo y Previsión Social, quien lo recibió con mucha simpatía. La mañana siguiente, Día del Periodista, diputados de las diversas bancadas respaldaron el anteproyecto y ofrecieron convertirlo en Ley de la República.
El año siguiente, 1990, a quienes integramos la Junta Directiva de la APG se nos vedó la oportunidad de formar parte de la comisión que le daría seguimiento a la propuesta. Solo fue posible hacerlo en forma particular, pero sin respaldo oficial. Por gestiones personales con el nuevo Presidente del Congreso, Marco Antonio Dardón Castillo, me ofreció formalmente que para el próximo Día del Periodista estaría listo el Decreto de creación del Instituto. Y así ocurrió. El 22 de noviembre de 1990 fue publicado en el Diario de Centroamérica el Decreto 56-90.
El no permitir que los miembros de la Junta Directiva de la APG que entregamos el anteproyecto al Congreso de la República, formáramos parte de la comisión de seguimiento tuvo diversas consecuencias. Cuando fue publicado el Decreto 56-90, en una sesión de Asamblea General de la APG señalé que quedaban marginados varios grupos de colegas, entre ellos los propietarios de pequeños radioperiódicos que por no llenar los requisitos establecidos no cotizaban al Instituto Guatemalteco de Seguridad Social. Por esa razón, en sesión del Consejo Directivo del 8 de febrero de 1991 (Acta 02-91) impulsé plantear la reforma a la ley, que un año más tarde culminó con el Decreto 13-92.
El Decreto 56-90 (artículo 14, disposición transitoria) delegó en la Junta Directiva de la APG instalar el Consejo Directivo. El Presidente de la entidad, Mario Antonio Sandoval Samayoa y el Vicepresidente Byron Boanerges Barrera Ortiz estaban fuera del país, por lo que correspondió al Vocal primero de la Junta Directiva, Álvaro Enrique Palma Sandoval, en funciones de Presidente, cumplir el mandato.
El primer Consejo Directivo
El 13 de diciembre de 1990 fue instalado el primer Consejo Directivo del Instituto con delegados (titular y suplente) de la Asociación Guatemalteca de Corresponsales de Agencias Internacionales de Prensa (AGC); Asociación de Cronistas Deportivos de Guatemala (ACD); Asociación de Periodistas de Guatemala (APG); Cámara Guatemalteca de Periodismo (CGP); Asociación de Redactores de Actividades Culturales (ARAC) y Cronistas Deportivos Guatemaltecos (CDG). Sin embargo, únicamente firmamos el acta de instalación los siguientes delegados, Titular y suplente: Julio César Anzueto De León y Antonio Edelman Monzón (AGC). Hugo Rolando López y Salvador Augusto Bonini (ACD); Jesús Alvarado Mendizábal (APG); Carlos Humberto Gándara Sánchez (suplente de CGP); José Antonio García Urrea (ARAC) y Donato Santiago Monzón Villatoro y Benjamín Leonardo Leiva Casasola (CDG).
Aunque no todos asistieron regularmente a las reuniones que se realizaron a partir de entonces (tampoco al acto de instalación) el primer Consejo Directivo quedó integrado así, con sus delegados titular y suplente, electos por las Asambleas Generales de sus respectivas entidades: APG: Jesús María Alvarado Mendizábal y Francisco Villatoro Argueta; ACD: Hugo Rolando López y Salvador Augusto Bonini; ARAC: José Antonio García Urrea y Ramiro Macdonald López; CGP: José Eduardo Zarco Bolaños y Carlos Humberto Gándara Sánchez; CDG: Donato Santiago Monzón Villatoro y Benjamín Leonardo Leiva .Casasola; y AGC: Julio César Anzueto De León y Antonio Edelman Monzón. Algunos meses después se incorporaron el Círculo Nacional de Prensa, CNP, con sus delegados Víctor Manuel Molina Jaramillo y Mario René Sánchez Barrios y la Asociación de Mujeres Periodistas y Escritoras de Guatemala, AMPEG, con sus delegadas Juana Ibarburú De León de Monterroso y María Cristina De la Vega Ordóñez.
En la sesión de instalación fue electa una Comisión de Credenciales integrada por los delegados Carlos Humberto Gándara Sánchez, Antonio Edelman Monzón y Jesús María Alvarado Mendizábal. En la segunda reunión del Consejo Directivo, el martes 18 de diciembre de 1990, fue electa una Junta Directiva Provisional. A propuesta del delegado Zarco Bolaños, los cargos quedaron así: Presidente, Julio César Anzueto De León; Secretario, Jesús María Alvarado Mendizábal y Vocal, Hugo Rolando López.
El primer ingreso económico que obtuvo el Instituto fue un donativo personal del delegado Zarco Bolaños, quien entregó Q 50.00. Luego se solicitó a las entidades de Prensa un aporte no reembolsable de Q 100.00 que todas pagaron para los primeros gastos. Algunas entidades de Prensa sustituyeron a sus delegados: Cámara Guatemalteca de Periodismo, Asociación Guatemalteca de Corresponsales de Agencias Internacionales de Prensa, Asociación de Redactores de Actividades Culturales y Cronistas Deportivos Guatemaltecos.
Acción de inconstitucionalidad parcial
Describir cómo fue el desarrollo de las sesiones sería muy largo y no es el propósito de este breve relato. Eso queda para otra oportunidad. Baste mencionar que hubo ocasiones en que la sesión duraba cinco o seis horas y sólo lográbamos aprobar el acta de la sesión anterior. Es interesante en cambio, mencionar dos hechos muy importantes que estuvieron a punto de hacer sucumbir el proyecto del Instituto. El primero se produjo antes de cumplir dos meses de la instalación del Consejo Directivo. El 6 de febrero de 1991, el Consejo Nacional de la Publicidad, CONAP, por conducto de su Representante Legal, abogado Gabriel Orellana Rojas, con el auxilio de los abogados Irwin Estuardo Aguilar Mendizábal y Carlos Rafael Rodríguez Cerna Rosada, presentó una Acción de Inconstitucionalidad Parcial ante la Corte de Constitucionalidad, en contra de los artículos 2, 3, 6, 8 y 9 del Decreto 56-90. El 16 de febrero, la Corte dio audiencia por quince días comunes al IPSP, APG, CGP, ACD y CNP y no suspendió provisionalmente los artículos impugnados.
En la sesión del 01 de marzo de 1991 (Acta 03-91) el Consejo Directivo conoció la Acción de Inconstitucionalidad del CONAP. El 7 de marzo (Acta 04-91) el Consejo se reunió con presidentes de las entidades de Prensa que tenían representantes, aunque no todos asistieron, para promover apoyo al Instituto.
El 8 de marzo (Acta 05-91), el delegado de la ACD Hugo Rolando López, Vocal de la Junta Directiva, en funciones de Presidente por ausencia del titular Julio César Anzueto De León, informó que había invitado al licenciado Rodolfo Vielman Castellanos, quien se haría cargo de evacuar la audiencia. Explicó que previamente, lo había consultado con delegados de tres entidades de Prensa: Cámara Guatemalteca de Periodismo, Cronistas Deportivos Guatemaltecos y Asociación de Redactores de Actividades Culturales que, con la Asociación de Cronistas Deportivos de Guatemala de la que él era titular, hacían mayoría. A los pocos minutos ingresó el licenciado Vielman Castellanos, quien dijo estar dispuesto a hacerlo como en efecto lo hizo y firmaron el memorial, en su condición de abogados los delegados Hugo Rolando López y Carlos Humberto Gándara Sánchez. Finalmente, después de reuniones con magistrados, el fallo de la Corte fue favorable al Instituto y así se salvó el primer escollo.
El 13 de diciembre de 1993, el Consejo Directivo fue electo asi: Presidente, Jesús María Alvarado Mendizábal; vicepresidenta, Juana Ibarburú De León de Monterroso; secretario, Enrique Parrilla Barascut; tesorero, Víctor Manuel Molina Jaramillo.
El veto presidencial al Decreto 7-94
El segundo hecho se produjo con la aprobación en el Congreso de la República del Decreto 7-94. En el Consejo Directivo había divergencias en cuanto al funcionamiento del Instituto, que se agudizaron al ser aprobado ese Decreto, que representaba una forma viable de lograr que el instituto iniciara la cobertura que no pocos periodistas esperaban. Sería largo relatar los problemas que fue necesario superar. Muchos afiliados ignoran las ofensas –incluso públicas que llegaron a la calumnia y la difamación- de las que fui objeto, con supuestos ilícitos que fueron documentalmente aclarados. Hubo publicaciones periodísticas, con intervención de Presidentes de entidades de Prensa, que querían lograr el control del Instituto.
Los Presidentes de seis entidades (incluso la que aún pertenezco) proponían crear una “instancia de presidentes” que estaría sobre el Consejo Directivo al que denominaban Ejecutivo. Esa “instancia”, promovió un movimiento para que el entonces Presidente de la República Ramiro De León Carpio vetara el Decreto 7-94. En el Consejo Directivo se reflejó ese movimiento y las divergencias se agudizaron. El 10 de febrero (Acta 04-94), por mayoría, el Consejo integró una comisión para que hiciera un “pronunciamiento” (sic) “que sirva de guía” al Presidente de la República en la decisión de vetar o sancionar el 7-94.
Esa comisión (ad hoc) en dos días presentó su propuesta. El 12 de febrero de 1994, en una sesión que duró sólo dos horas con treinta y cinco minutos (Acta 05-94), cinco delegados (cuatro de ellos miembros de la comisión) de los ocho que integrábamos el Consejo Directivo aprobaron solicitar al Presidente De León Carpio vetar el Decreto 7-94, que duplicaba la tasa del Timbre de Prensa del dos y medio al cinco por millar. Sólo votamos en contra los delegados Enrique Parrilla Barascut (+), Juana Ibarburú De León de Monterroso y yo. En mi voto razonado expresé: “Si se produjera el veto presidencial al Decreto 7-94, seremos responsables del riesgo de perder todo lo que se estaría ganando; yo al menos, no quiero ser partícipe de una acción de tal naturaleza”.
A partir de entonces, con colegas que con firmeza siempre nos apoyaron en los trabajos del Instituto, emprendimos una sólida campaña. Recogimos firmas de periodistas de diversas entidades de prensa e independientes, que apoyaban el 7-94 y encaminamos un trabajo directo con los diputados. El 24 de febrero de 1994 obtuve importante victoria en la sesión de Asamblea General de la APG, al lograr respaldo para el Decreto 7-94 y al trabajo que desarrollaba como delegado y Presidente del Consejo Directivo, pese a que desaparecían los representantes de las entidades de Prensa.
Desarrollamos una tarea titánica, hablando con cada uno de los diputados y convenciéndoles que rechazaran el veto presidencial contenido en el Acuerdo Gubernativo 94-94. En la aprobación de los Decretos 56-90, 13-92 y 7-94, fue evidente el respaldo de muchos diputados, destacándose entre ellos Víctor Hugo Godoy, Luis López Maldonado, Alberto de Jesús Ayerdi y otros más. Pero en cuanto al veto presidencial, fue invaluable el apoyo del entonces diputado Carlos Benjamín Escobedo Rodríguez, quien en la memorable sesión del 2 de marzo de 1994, con su compañero Alberto de Jesús Ayerdi Ochoa, lograron la aprobación de la Resolución número 04-94 que rechazó el veto presidencial y ratificó en su totalidad el Decreto 7-94, Resolución que en ese momento me entregó en el Palco de Prensa el diputado Marco Vinicio Villar Anleu, que ocupaba la Presidencia del Congreso de la República. Aunque el Decreto 7-94 tiene lagunas y está lejos de ser lo que aspirábamos, se aceleró el funcionamiento del Instituto gracias al rechazo del veto, quienes lo solicitaron, ahora también reciben los beneficios del IPSP.
La primera prestación
Pero el trabajo no terminó con el rechazo del veto y la ratificación del Decreto 7-94. Era necesario lograr que el Instituto tuviera afiliados pues el 13 de diciembre de 1994 concluía el período legal del Consejo Directivo. Entonces, la tarea se centró en convencer a los colegas que aún no tenían confianza en la institución. Y en vista que era evidente la apatía, el 25 de octubre de 1994 envié una circular a los miembros de la APG, que titulé: “INVIERTA UNOS MINUTOS DE SU TIEMPO. ¡LE INTERESA!” En ella, los invitaba a que solicitaran su afiliación. En uno de los párrafos expresé textualmente:
“Mucho esfuerzo, paciencia y trabajo ha requerido la organización del IPSP. Ahora, ¡por fin!, estamos casi a la puerta que aquélla esperanza se convierta en una hermosa realidad. También fue necesario hacer caso omiso a la indiferencia, al poco interés que la idea despertó inicialmente, quizá porque no había confianza en el proyecto”.
Los primeros afiliados fuimos los miembros del Consejo Directivo y fue aprobada mi propuesta de la Resolución número 03-94, “Pensión de Reconocimiento por Ejercicio del Periodismo” para otorgar, con base en el artículo 14 transitorio, la primera prestación a quienes a la vigencia de la ley comprobaren haber ejercido y subsistido del periodismo durante un mínimo de treinta años como actividad principal. El Consejo Directivo aprobó la propuesta de José Luis Hernández Monroy que quienes firmaran antes del 26 de noviembre de 1994 tendrían calidad de afiliados fundadores, siendo Mario Alfonso Tercero Tejada quien firmo al último con número 80.
El 26 de noviembre de 1994 fueron juramentados 55 afiliados y entregadas las primeras 28 prestaciones a venerables hombres de prensa, como reconocimiento de la sociedad por conducto del Timbre de Prensa, al esfuerzo y a los riesgos que conlleva el ejercicio del periodismo. En esa forma, el Instituto cumplía en parte uno de los objetivos de su creación. Fue emotivo y conmovedor, ver a viejos colegas llegar a la sede de la Alianza Francesa (entonces en la cuarta avenida entre 12 y 13 calles de la zona 1) que nos abrió sus brazos por conducto de quien también es, en realidad, de la familia periodística, Tasso Hadjidodou. Uno, fue cargado en brazos y otros subieron las gradas con ayuda de familiares o amigos.
La mesa directiva de esa hermosa y sencilla ceremonia que inició el pleno funcionamiento del Instituto con la primera Asamblea general de afiliados formada, la integramos con los delegados Jesús Alvarado Mendizábal, Presidente; Juana Ibarburú De Leon de Monterroso, Vicepresidenta; Enrique Parrilla Barascut, Secretario; Víctor Manuel Molina Jaramillo, Tesorero; Julio César Anzueto De León, José Luis Hernández Monroy, Benjamín Leonardo Leiva Casasola, María Cristina De la Vega, Salvador Augusto Bonini, Francisco Villatoro Argueta y Mario René Sánchez Barrios.
Primer Consejo Directivo electo
El 10 de diciembre de 1994 fue electo por la Asamblea General el nuevo Consejo Directivo integrado así: Presidente, Jesús María Alvarado Mendizábal; Vicepresidente, Salvador Augusto Bonini; Tesorero, Víctor Manuel Molina Jaramillo; Secretario, Enrique Parrilla Barascut; y Vocales del primero al tercero, Fernando Alberto Castro Molina, Carlos Ismael Pérez Crocker y Juana Ibarburú De León de Monterroso. En 1996, se obtuvo un excedente acumulado del 59.36%
En seis meses de arduo trabajo fueron aprobados el Reglamento de la ley y los reglamentos de los Auxilios por Enfermedad Común, Funerario, Fallecimiento, Cesantía, Invalidez, Maternidad y Accidente. En 1996, unánimemente, la Asamblea General aprobó una reforma al artículo 1 del Reglamento de Auxilio por Fallecimiento. Si al fallecer un afiliado o afiliada tenía hijos menores de edad (si fuere uno o varios), se le otorgaría una pensión de Q 1,000.00 (un mil quetzales) hasta que cumplan diez y ocho años de edad. La pensión nunca fue entregada al no presentarse ningún caso sino al fallecer el afiliado Carlos Rafael Soto Rosales, quien dejó dos hijos pequeños. A pesar que hubo dictámenes de la Comisión de Legislación y Asuntos Jurídicos y de la Asesoría Jurídica del Instituto en el sentido que aquella reforma era legal y estaba vigente, a propuesta del Consejo Directivo del período 2002-2004, lamentablemente fue derogada por la Asamblea General.
Este es, en términos muy generales, un relato de la fundación del Instituto de Previsión Social del Periodista, IPSP, institución en la que muy pocos creyeron cuando lo informé en octubre de 1989 y ahora es el manto protector de muchos periodistas. A partir del primer Consejo Directivo electo por los afiliados, el IPSP ha tenido seis cuerpos colegiados que han conducido, con mucha rectitud y dedicación, los destinos del Instituto, preocupándose por su consolidación financiera.
Al cumplirse quince años de la instalación del primer Consejo Directivo en 1990, vemos con satisfacción que la semilla sembrada hace tan pocos años germinó y rinde frutos que benefician a muchos compañeros. Uno de los objetivos de su creación está casi cumplido. En el 2001, el Consejo Directivo que presidió el afiliado Carlos Larrañaga Gomar puso en vigencia la Jubilación, que da cobertura a más del 41 por ciento de afiliados. Ojalá que las nuevas generaciones de periodistas (que inexplicablemente no se han incorporado) lleguen al Instituto porque también para ellos fue concebido. Ahora, el afiliado de menor edad tiene 35 años. Estamos fortaleciendo la Institución y es necesario que aprendan a apreciarla y manejarla porque tarde o temprano, necesitarán de ella.
¿Se cometieron errores? Seguramente. Unos por inexperiencia, otros por falta de recursos y otros que fueron condicionantes del momento. En estos breves apuntes no es posible dar a conocer todo lo ocurrido. No debe olvidarse que el Instituto ha tenido tres etapas: la primera, cuando los miembros del Consejo Directivo éramos delegados de las entidades de prensa y autoridad máxima; segunda, cuando se instaló la Asamblea General que eligió al Consejo Directivo al modificarse la estructura organizativa con el Decreto 7-94 y la tercera, al ser aprobada su normativa interna, incluido el Reglamento de la Ley, razón por la que al analizar una situación específica, debe hacerse dentro de su contexto concreto, sin olvidar las condiciones en que se dieron los hechos. Reconforta que los compañeros afiliados ya se preocupan por cuidar el Instituto. Mi reconocimiento para todos, porque todos debemos ser guardianes del IPSP.
Algunos, por razones que ignoro y que no me interesa establecer, me niegan el papel que desempeñé en los trabajos para la fundación del IPSP y que el anteproyecto que presenté a la Junta Directiva de la APG y después al Congreso de la República, dio como resultado la aprobación del Decreto 56-90. La satisfacción de comprobar que muchos miembros de mi gremio reciben el resultado del esfuerzo, la dedicación y la entrega a ese ideal, es algo que nadie me puede arrebatar. Sin falsa modestia, con mucho orgullo, me complace que el éxito alcanzado es una prueba que el trabajo no fue en vano y que juntos compartimos los beneficios de esa entrega a un ideal.
enp.jtp. Actualización reciente: Viernes, 13 de noviembre de 2015. 22:25. UTC -06:00.
